En España existe la tortura

4 02 2006

El ex relator especial de las Naciones Unidas por la cuestión de la tortura, Theo Van Boven, confirmó el viernes durante unas jornadas contra la tortura celebradas en Barcelona que “en España existe la práctica de la tortura, y no aisladamente”.

En concreto, 755 personas denunciaron haber sufrido torturas o maltratos por parte de diferentes Fuerzas de Seguridad del Estado en 2004, según un informe elaborado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT).

Van Boven hizo estas declaraciones durante la celebración de las jornadas “Previnguem la Tortura”, que se inauguraron el viernes en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y finalizarán este sábado.

El ex relator de la ONU consideró que estas jornadas son “muy importantes porque en España, como en otros muchos países, las autoridades dicen y afirman que la tortura no existe y suelen argumentar que las denuncias de este tipo son falsas”.

“En España, aunque las torturas no son sistemáticas, son más frecuentes de lo que se suele decir y son más que esporádicas”, apuntó Van Boven.

De hecho, el informe de la CPT recoge 276 casos en los que 755 personas han denunciado torturas y/o maltratos.

Cataluña es la segunda comunidad autónoma que recibió más denuncias, con un total de 113, por debajo de Andalucía, que recibió 237. Les siguen Euskadi, con 100 denuncias conocidas, y Navarra, con 95.

En cuanto a las características de los denunciantes, cabe destacar que un 31% pertenece al movimiento sindical; un 18% están vinculados a otros movimientos sociales; un 17% son presos; un 5% se corresponde con personas bajo la aplicación de la ley antiterrorista; un 6% son inmigrantes; un 2% son menores; y el 21% restante son personas en otras situaciones, como las que cometen pequeños delitos contra la propiedad o trapichean con drogas.

Según uno de los miembros del Centro de Documentación contra la tortura, Jorge del Cura, que también participó en las jornadas, “estas personas no suelen denunciar ante los tribunales por desconfianza o porque no tienen contacto con asociaciones que defienden los derechos humanos”.


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